NAACP condena fallo del Supremo sobre voto por correo
- El Tribunal Supremo, con mayoría conservadora, levantó el bloqueo judicial al decreto de Trump que restringe el voto por correo, aunque una segunda orden cautelar que impide al
- La magistrada Ketanji Brown Jackson disintió con dureza, advirtiendo que la decisión genera caos e incertidumbre antes de las elecciones intermedias de noviembre.
- La NAACP, California y Oregon anunciaron que continuarán litigando contra las restricciones, con California preparando además dos proyectos de ley que convertirían en delito grave
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó el lunes al gobierno de Donald Trump a avanzar con la implementación de su decreto ejecutivo que restringe el voto por correo, en una decisión adoptada por la mayoría conservadora del tribunal y que desató una oleada de condenas, anuncios de demandas y llamamientos a la resistencia por parte de estados demócratas y organizaciones de defensa de los derechos civiles.
La decisión y sus alcances inmediatos
El fallo levanta una orden judicial inferior que había bloqueado la aplicación del decreto firmado el 31 de marzo de 2026, por el cual Trump ordenó a su administración elaborar listas de votantes habilitados y obligó al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) a entregar papeletas únicamente a quienes figuren en esas listas. Sin embargo, el profesor de derecho electoral Rick Hasen señaló que la Corte solo levantó una de las dos órdenes judiciales vigentes: permanece en pie otra medida cautelar que continúa impidiendo al USPS implementar una nueva norma que le permitiría negarse a entregar papeletas de votantes no incluidos en un registro aprobado por el gobierno federal. La norma definitiva de ese reglamento fue publicada el viernes pasado y entraría en vigor en los próximos días si ningún tribunal la bloquea.
La opinión no firmada de los seis magistrados designados por presidentes republicanos no declaró expresamente que el decreto sea legal; argumentó, en cambio, que los 23 estados y el Distrito de Columbia que interpusieron la demanda original lo hicieron de manera prematura, antes de que el USPS publicara su reglamento definitivo. Hasen calificó de "simplemente extraño" ese razonamiento, dado que la norma final apareció en línea el viernes posterior a la demanda. La controversia se enmarca en un patrón más amplio de cuestionamientos al sistema electoral por parte del gobierno de Trump.
Una disidencia encendida
La magistrada Ketanji Brown Jackson, en una contundente opinión en disidencia, advirtió que la decisión "inyecta innecesariamente caos e incertidumbre en las próximas elecciones intermedias". Jackson sostuvo que permitir al gobierno avanzar con cambios que incluyen la negativa del USPS a repartir papeletas de ciertos votantes "contribuye al caos preelectoral en lugar de sofocarlo". Asimismo, subrayó que la Constitución "delega expresamente a los estados el poder de conducir las elecciones federales" y que el decreto de Trump "intentó alterar esta estructura constitucional arraigada".
Reacciones estatales y de derechos civiles
La NAACP, que había demandado a Trump en abril para bloquear el decreto, fue una de las primeras en condenar el fallo. Su presidente, Derrick Johnson, afirmó en un comunicado: "Quienes están en el poder saben perfectamente que son impopulares y que perderían en unas elecciones libres y justas, por eso están tratando de hacer todo lo posible para dificultarles el voto a los ciudadanos. El decreto de Trump no tiene nada que ver con la integridad electoral. Tiene todo que ver con mantenerse en el poder a cualquier precio."
Oregon, estado que celebra sus elecciones íntegramente por correo desde 1998, fue especialmente explícito en su respuesta. El fiscal general Dan Rayfield declaró: "No vamos a dejar que Donald Trump interfiera en nuestras elecciones, y desde luego no vamos a dejarle decidir quién recibe una papeleta y quién no." El secretario de Estado, Tobias Read, aseguró que las elecciones intermedias "se desarrollarán según lo previsto este noviembre, libres de cualquier interferencia federal ilegal".
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su estado volverá a demandar al gobierno federal para bloquear los cambios, tras la resolución del Supremo. "California demandará DE NUEVO para bloquear estas normas orwellianas", publicó en redes sociales. Newsom también anunció dos proyectos de ley estatales que tipificarían como delito grave —con penas de hasta cuatro años de prisión— interferir con la entrega de papeletas electorales.
Incertidumbre de cara a noviembre
Con algunas entidades estatales a punto de comenzar a enviar papeletas postales en las próximas semanas, la ventana procesal para resolver este conflicto antes de las elecciones intermedias de noviembre es estrecha. La posibilidad de que el caso llegue nuevamente ante el Tribunal Supremo, sumada a la segunda orden cautelar que permanece vigente, mantiene en la incertidumbre la aplicación efectiva de las restricciones.
