Dos activistas de Hong Kong, condenados
- Lee Cheuk-yan, 69 años, y Chow Hang-tung, 41, líderes de la Alianza de Hong Kong, fueron condenados por incitación a la subversión bajo la ley de seguridad nacional.
- Ambos activistas organizaban la vigilia anual del Tiananmen, la única conmemoración pública del 4 de junio permitida en territorio chino, suprimida definitivamente tras las
- Los acusados enfrentan penas de hasta diez años de prisión, aunque la sentencia definitiva aún no ha sido dictada.
Durante décadas, Hong Kong lloró lo que el resto de China debía silenciar. Sus multitudinarias vigilias anuales en memoria de las protestas prodemocracia de 1989 y de la masacre que las aplastó convirtieron a la región —junto con Macao— en el único rincón del país donde el aniversario del 4 de junio podía conmemorarse públicamente y preservarse como verdad histórica. Ese espacio ya no existe. El pasado viernes, un tribunal declaró culpables a dos de los principales organizadores de esos actos.
La condena
Lee Cheuk-yan, de 69 años, y Chow Hang-tung, de 41, líderes de la Alianza de Hong Kong —la organización que durante años coordinó las vigilias del Parque Victoria—, fueron hallados culpables de incitación a la subversión al amparo de la draconiana ley de seguridad nacional. Ambos enfrentan penas de hasta diez años de prisión, aunque la sentencia definitiva no ha sido anunciada aún.
El fin de las vigilias
La represión de las protestas de 2019 en Hong Kong marcó el punto de inflexión. Ese año se celebró la última vigilia pública por el Tiananmen. Las libertades que había disfrutado la región durante años fueron desmanteladas de forma progresiva, y la ley de seguridad nacional, promulgada en 2020, proporcionó el instrumento jurídico para perseguir a quienes insistían en mantener viva la memoria colectiva. La condena de Lee y Chow representa la culminación legal de ese proceso.
Una cuestión de memoria e impunidad
El caso pone de relieve hasta qué punto la represión del espacio cívico en Hong Kong ha avanzado: el simple acto de organizar una conmemoración ha sido reencuadrado como un delito de subversión contra el Estado. La situación guarda resonancias con otros casos en que activistas y periodistas son perseguidos por defender la memoria o la información pública, como ilustra el llamamiento de veinte intelectuales a los gobiernos de España y Francia para liberar a la periodista Aïssiou. Con los dos acusados a la espera de conocer su sentencia exacta, la pregunta que queda sin respuesta es si existirá algún mecanismo de presión internacional capaz de influir en el desenlace.
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