Un año de tropas en Washington: coste, protestas y dudas
- Cerca de 4.500 soldados de la Guardia Nacional patrullan Washington un año después del despliegue ordenado por Trump, superando en número a los 3.800 agentes de la policía
- La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la operación costará casi 3.000 millones de dólares al término del mandato presidencial en 2029, a razón de 55 millones de
- Expertos y un análisis de 16.000 expedientes judiciales cuestionan la eficacia del despliegue, señalando que las tropas se concentraron en barrios pudientes con baja criminalidad
Unas cincuenta personas se concentraron en la esquina de las calles 14 y U, uno de los cruces más animados de Washington, portando pancartas con las consignas "Tropas fuera de D.C." y "Queremos ser estado". La protesta coincidió con el primer aniversario de la decisión del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la capital federal para, según sus propias palabras, "liberar Washington D.C." de la indigencia y la delincuencia. Un año después, la medida sigue generando un intenso debate sobre su coste, su eficacia y sus implicaciones constitucionales.
El pretexto y el contexto
En agosto de 2025, Trump anunció el despliegue describiendo la capital como una ciudad "tomada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre", una caracterización que distaba de la realidad estadística: los índices de criminalidad se encontraban entonces en su nivel más bajo en treinta años. El año anterior, 2024, la violencia en Washington había caído un 35% según datos del Departamento de Policía Metropolitana. El pretexto inmediato fue el ataque sufrido por Edward Coristine, empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) —liderado entonces por Elon Musk—, durante un intento de robo de vehículo a principios de ese mismo agosto.
Cuatro mil quinientos soldados y un coste astronómico
En la actualidad, cerca de 4.500 soldados patrullan Washington, una cifra que supera los 3.800 agentes del Departamento de Policía Metropolitana. Según un análisis del Niskanen Center, organización conservadora de análisis político, cada soldado cuesta al erario 607 dólares diarios, frente a los 384 que cuesta un agente policial. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el despliegue costó 225 millones de dólares en 2025 y que cada mes adicional añade otros 55 millones. Al ritmo actual, la operación habrá supuesto casi 3.000 millones de dólares al término del mandato de Trump en enero de 2029. El Pentágono, en señal de la vocación de permanencia de la misión, ha aprobado un presupuesto de casi 300 millones para alojar a las tropas en edificios de apartamentos en lugar de hoteles. La Casa Blanca emitió recientemente una orden para mantener el despliegue hasta el fin del mandato presidencial.
El tamaño de la operación es, hasta la fecha, inédito: en su punto álgido, durante las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia estadounidense, participaron más de 5.000 efectivos de 18 estados, casi todos gobernados por el Partido Republicano. Solo la guerra con Irán ha implicado una operación militar interna de mayor magnitud para el Pentágono. En este contexto de conflicto exterior sin salida clara, el uso doméstico del ejército acumula críticas crecientes.
¿Más seguridad o más coste?
La pregunta central que rodea al despliegue es si ha mejorado efectivamente la seguridad. Trump lo presenta como un éxito rotundo: "La delincuencia ha bajado un 84% en Washington, y yo lo hice en poco tiempo", afirmó desde el Despacho Oval la semana pasada. Sin embargo, los expertos no atribuyen con certeza esa mejora a la presencia militar. La delincuencia ha descendido en todo el país, y el propio estudio del Niskanen Center concluye que el despliegue pudo haber reducido delitos oportunistas —como hurtos en comercios o pequeños robos—, pero no los delitos violentos más graves. "Si bien la presencia de la Guardia redujo la ocurrencia de ciertos delitos, fue y sigue siendo un instrumento tosco y costoso", señala el informe.
Un análisis de Reuters sobre 16.000 expedientes judiciales reveló además que las tropas fueron enviadas mayoritariamente a incidentes menores en barrios más prósperos y predominantemente blancos con índices de criminalidad relativamente bajos. Zonas como Anacostia, en el sureste de la ciudad y entre las más afectadas por la violencia, apenas vieron presencia militar.
Voces críticas: juristas, legisladores y vecinos
El senador demócrata Chris Coons, de Delaware, resumió la postura de los críticos: "Si realmente quieren mejorar la seguridad en el Distrito de Columbia, denle 100 millones de dólares a la policía para contratar agentes competentes, cualificados y bien formados". Monica Hopkins, directora de la ACLU de Washington, advirtió del peligro de normalización: "No podemos insensibilizarnos ante la visión de tropas militares patrullando nuestros barrios. El despliegue militar en las calles de Estados Unidos no puede convertirse en algo normal o aceptable". José Nunn, del Brennan Center for Justice, calificó la situación de incompatible con el sistema constitucional del país: "La idea de que el ejército reemplace a las autoridades civiles, por cualquier motivo y aunque sea temporalmente, es simplemente incompatible con nuestro sistema constitucional".
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó en redes sociales que la actividad de la Guardia Nacional y la presencia de agentes de inmigración "siguen siendo problemáticas" y que la ciudad demostró "que no había necesidad de una acción de emergencia federal prolongada". Según una encuesta de The Washington Post, el 79% de los residentes de la capital se opone al despliegue. Este rechazo mayoritario se expresa tanto en las urnas —el 90% de los votantes capitalinos respaldó a los demócratas— como en las calles, donde la manifestación del pasado fin de semana reunió a grupos que exigen también la condición de estado para el Distrito.
Limitaciones operativas y un futuro incierto
Los soldados, entrenados para operaciones militares en el extranjero, carecen de la preparación específica que requiere el trabajo policial en entornos urbanos. La administración Trump los designó como alguaciles federales para dotarles de autoridad de aplicación de la ley, pero un juez les prohibió efectuar detenciones sin orden judicial previa. En la práctica, pueden retener brevemente a sospechosos, pero deben llamar a agentes de policía para formalizar cualquier arresto. Durante los primeros meses, no fue infrecuente ver a miembros de la Guardia vaciando papeleras, realizando labores de jardinería en parques o quitando nieve en invierno.
En otras ciudades demócratas —Los Ángeles, Chicago y Portland— Trump también intentó desplegar tropas adicionales, pero una orden judicial le obligó a retirarlas a finales del año pasado. La situación en Washington, donde la autoridad sobre el distrito se divide entre el gobierno municipal, el Congreso y la Casa Blanca por un diseño constitucional singular, es diferente y permite al ejecutivo federal mayor margen de actuación. La tendencia de Trump a invocar poderes de emergencia en múltiples frentes alimenta el temor de que el modelo capitalino pueda sentar un precedente para el resto del país.
A un año del inicio del despliegue, la pregunta de fondo sigue sin respuesta definitiva: si la reducción del crimen en Washington se debe a la presencia militar o a una tendencia nacional preexistente, el coste de casi 3.000 millones de dólares proyectado hasta 2029 adquiere una dimensión política y presupuestaria que ningún bando puede ignorar.
