PP exige retorno inmediato de todos los migrantes en Ceuta
- El PP exige al Gobierno movilizar personal de extranjería en tres turnos en Ceuta para acelerar los expedientes de retorno y expulsión de todos los migrantes irregulares llegados
- La dirección del Partido Popular descarta cualquier debate sobre el reparto de menores no acompañados en la península y reclama su devolución inmediata a Marruecos.
- El Ejecutivo no ha emitido respuesta pública a la exigencia del PP según la información disponible, mientras la crisis migratoria en Ceuta se prolonga.
El Partido Popular ha lanzado este lunes una exigencia formal al Gobierno: movilizar de forma masiva e inmediata a personal técnico de extranjería para que trabaje en Ceuta en tres turnos —mañana, tarde y noche— con el único objetivo de acelerar los expedientes de retorno y expulsión de todos los inmigrantes que han llegado de manera irregular a la ciudad autónoma en las últimas semanas.
Devolución a Marruecos, única salida para el PP
La cúpula conservadora ha dejado claro que su posición no admite matices: la devolución inmediata a Marruecos es la única respuesta que contempla ante la crisis migratoria en Ceuta. En ese marco, el partido rechaza de pleno cualquier debate sobre la acogida o el reparto de menores no acompañados en el resto de la península. "Hablamos de retorno, no de reparto", han señalado de forma tajante fuentes del partido. Este posicionamiento contrasta con los debates jurídicos que rodean la situación de los menores llegados sin tutela, cuyo estatus legal sigue siendo objeto de controversia.
Presión política en un contexto de crisis sostenida
La demanda del PP se produce en el marco de una crisis migratoria que ha mantenido en tensión a las instituciones durante semanas. El Ejecutivo ya había establecido un mando único bajo la coordinación del ministro Torres para gestionar la situación, aunque el principal partido de la oposición considera que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes. La postura del PP, que insiste en encuadrar el debate exclusivamente en términos de expulsión y no de distribución territorial, augura un choque político de fondo con el Gobierno sobre cómo afrontar la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma. El Gobierno no ha respondido públicamente a esta última exigencia según el material disponible.
