De la Espriella anuncia operativos contra inmigrantes irregulares
- El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó el domingo detener y deportar a inmigrantes en situación irregular o con antecedentes penales, con operativos previstos
- La medida fue anunciada con el país aún en crisis por el terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 muertos y destruyó más de 30.000 hogares.
- El mandatario de extrema derecha, con apenas dos semanas en el cargo, es descrito como aliado de Donald Trump, cuya política migratoria parece emular con esta decisión.
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella anunció el domingo un operativo de detención y deportación de personas en situación migratoria irregular o con antecedentes penales, una medida que llega cuando el país todavía lidia con las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que el 10 de agosto dejó más de 300 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas.
La orden y su alcance inmediato
De la Espriella, exabogado y empresario millonario que lleva poco más de dos semanas en el poder, instruyó a las autoridades para que inicien operaciones destinadas a localizar y deportar a quienes se encuentren en el territorio nacional de forma irregular o hayan cometido delitos. El mandatario indicó que los operativos deberían arrancar en el transcurso de esta misma semana. Los detalles operativos —qué instituciones liderarán las acciones, cuántas personas podrían verse afectadas y en qué regiones se concentrarán los controles— no han sido precisados públicamente.
Un gobierno de extrema derecha que mira hacia Washington
La medida es descrita como un reflejo de la política migratoria de Donald Trump, señalado como aliado del mandatario colombiano. La orden de deportaciones se produce en un momento políticamente sensible: el nuevo gobierno debe atender simultáneamente una grave emergencia humanitaria en las regiones afectadas por el sismo y, al mismo tiempo, fijar el rumbo ideológico de su administración desde sus primeras semanas.
Incertidumbre sobre la implementación
Dada la escasa información oficial disponible sobre los mecanismos concretos de la medida y el contexto de crisis que atraviesa el país, permanece sin resolver en qué medida el Estado colombiano cuenta con la capacidad operativa inmediata para ejecutar un crackdown migratorio a gran escala. Lo que queda claro es que el gobierno de De la Espriella ha optado por instalar una política migratoria restrictiva como señal política prioritaria desde el inicio de su mandato.