Crimen y Justicia 4 min read 2h ago

Mossos y Urbana: convenio sin firmar

El convenio de coordinación entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona no se renueva desde 2005, a pesar de que el Ayuntamiento ya aprobó un nuevo texto en pleno.
Fuentes municipales no identifican dónde está bloqueado el documento; desde Interior atribuyen el retraso a la necesidad de ajustar las nuevas competencias judiciales a la
Sin la firma, los ciudadanos no pueden presentar denuncias en las comisarías de la Guardia Urbana y las mejoras en atención a víctimas de violencia machista permanecen suspendidas.

El acuerdo que debe redefinir el reparto de funciones entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona continúa sin firma veinte años después del primer convenio, firmado en noviembre de 2005 con motivo del despliegue de la policía de la Generalitat en la capital catalana. A pesar de que el pleno del Ayuntamiento aprobó un nuevo texto y de que la comisión bilateral Generalitat-Ayuntamiento le dio el visto bueno provisional, agosto ha terminado sin que ninguna de las dos administraciones haya estampado su rúbrica en el documento.

Versiones enfrentadas sobre el bloqueo

La interpretación del retraso difiere sensiblemente según el lado de la plaza de Sant Jaume desde el que se pregunte. Fuentes del Ayuntamiento y de la Guardia Urbana admiten una incomodidad creciente: aseguran no saber con exactitud en qué despacho está detenido el documento ni a la espera de qué trámite. Otras fuentes van más lejos y apuntan a sectores internos de los Mossos d'Esquadra que no verían con buenos ojos las nuevas atribuciones que el nuevo marco cedería a la Guardia Urbana, por temor a que otras policías municipales reclamen competencias similares.

Desde el lado de los Mossos y del departamento de Interior —encabezado por Núria Parlon— lo niegan. Sostienen que, tras dos décadas con un convenio obsoleto, conviene no dar pasos en falso y que el texto aprobado por el pleno del Ayuntamiento no era el definitivo, porque requería la conformidad del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de la Fiscalía. Esa conformidad, aseguran fuentes de Interior, ya ha sido obtenida. Aun así, el departamento afirma que todavía quedan por completar gestiones, como la redacción de informes sobre el reparto de funciones, que se reactivarán en septiembre, con la expectativa de cerrar la firma antes de que acabe el año.

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Un calendario que complica el margen de maniobra

La posibilidad de que la firma se posponga a 2026 incrementa la inquietud en el Ayuntamiento. El horizonte de las elecciones municipales de mayo convierte los meses previos a la cita electoral en un período políticamente delicado y, en la práctica, poco propicio para avanzar en acuerdos institucionales de este calado.

Consecuencias concretas para los ciudadanos

El bloqueo no es sólo una disputa burocrática: mientras el convenio no se firme, las mejoras previstas no pueden aplicarse. Los ciudadanos, por ejemplo, no pueden acudir a cualquiera de las diez comisarías de la Guardia Urbana para interponer una denuncia. Los responsables de la policía municipal aseguran tener la infraestructura lista para asumir esa carga de trabajo, incluyendo la recepción de denuncias, la instrucción de investigaciones por delitos leves o menos graves y toda la gestión derivada.

En materia de violencia machista, la situación resulta especialmente llamativa. La Guardia Urbana diseñó y habilitó espacios específicos para acompañar emocionalmente a las víctimas en el momento en que cruzan la puerta de una comisaría. El nuevo convenio ampliaría esas competencias y permitiría a sus agentes participar en el seguimiento de las víctimas y asumir tareas de protección, atribuciones que un sector de los Mossos resistió durante tiempo. Sin embargo, mientras el documento permanezca sin firma, esas mejoras seguirán en espera, al igual que el resto de avances que el nuevo marco de coordinación tenía previsto introducir en la ciudad.

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