VW: el futuro de sus plantas sigue en el aire ante el bloqueo en el consejo

La reunión del consejo de supervisión de Volkswagen prevista para el viernes podría convertirse en un nuevo episodio del bloqueo que envuelve el futuro de varias fábricas del grupo alemán. La pregunta central para los miles de empleados afectados es cuántos puestos de trabajo podrán mantenerse más allá de 2030, cuando la producción en las plantas de Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm irá cesando progresivamente. Qué se fabricará en esos centros —o si se seguirá fabricando en absoluto— es, por ahora, una incógnita.

Nada está decidido todavía

Pese a las informaciones de algunos medios que apuntan a cierres ya acordados, la realidad jurídica es más compleja. La dirección ejecutiva carece de potestad unilateral para cerrar plantas: esa decisión corresponde al consejo de supervisión, en el que tienen asiento, junto a los grandes accionistas Porsche y Piech y el Estado de Catar, el gobierno del estado de Baja Sajonia y una representación significativa de los trabajadores. Ambas partes ya ejercieron su veto en una sesión anterior. La federación sindical IG Metall en Volkswagen ha calificado de "disparates" los informes sobre supuestos cierres decididos y ha subrayado que, cuando se trata del futuro de los centros de trabajo, "el consejo de supervisión tiene aún mucho que decir".

Tres propuestas y ningún consenso

Lo habitual en estos procesos es que las partes acuerden un único texto de resolución antes de la sesión. En esta ocasión, según informaciones del NDR, la dirección, la representación de los trabajadores y el gobierno de Baja Sajonia han presentado cada uno su propia propuesta, lo que ilustra la profundidad del desacuerdo. Según las mismas fuentes, la probabilidad de que se alcance una solución el viernes es mínima. Más aún: una parte del consejo podría estar apostando deliberadamente por la escalada en lugar de por el acuerdo.

La amenaza de una junta general extraordinaria

El escenario de presión que se perfila contempla la convocatoria de una junta general extraordinaria si el consejo de supervisión no llega a un acuerdo, con el foco puesto en la posibilidad de escindir la marca VW del resto del grupo. La justificación oficial es que una entidad más reducida reaccionaría con mayor agilidad a los cambios del mercado, tal como han hecho recientemente otras compañías como Continental. Sin embargo, los representantes de los trabajadores y el gobierno estatal sospechan que el verdadero objetivo de esa reestructuración sería reducir su influencia en la toma de decisiones.

La maniobra no resultaría sencilla: la legislación específica sobre Volkswagen exige más del 80 % del capital representado para aprobar resoluciones de calado. Con una participación de en torno al 20 %, el estado de Baja Sajonia dispone de facto de un derecho de veto, y el ministro presidente Olaf Lies (SPD) ha dejado claro que lo ejercería si fuera necesario. Mientras tanto, los equipos jurídicos de todas las partes trabajan en cómo articular sus respectivos planes y qué consecuencias tendría cada uno de ellos.

El consejero delegado Oliver Blume ha fijado un horizonte de entre seis y doce meses para que exista claridad sobre el destino de todas las plantas. Para la plantilla de Volkswagen, la incertidumbre continúa.

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